CRISIS? WHAT CRISIS?

LA CRISIS ECONOMICA VISTA POR UN LEGO TOTAL

España tiene una base industrial poco sólida e hizo de los servicios y del turismo la base de su desarrollo económico. España carece de industria química, farmacéutica, robótica,  informática, tecnológica, maquinaria pesada o automovilística que exportar al mercado internacional. El calzado, la agricultura de exportación aprovechando la bondad del clima mediterráneo, el textil o la madera eran recurrentes en el panorama industrial español Recientemente un nuevo sector se incorporó al desarrollo, el sector de la construcción, en un intento de que éste fomentase el consumo interno y actuase de punta de lanza de la industria subsidiaria y esa fue la base del milagro económico español. (“Mientras España corre, Italia camina” le oí decir al futbolista Fabio Cannavaro hace unos años ya)

El gobierno de Aznar puso en marcha una ley del suelo que pretendía aumentar en el mercado la oferta de suelo urbanizable y agilizar los procedimientos de licencia y permisos.  Además se redujo del 15 al 10 % el coeficiente de cesión de suelo a los Ayuntamientos. Al mismo tiempo, el Euribor (o dinero que se prestan los bancos) se reducía y permitía a particulares, promotores y empresas disponer de un dinero barato para traficar.

Esos factores fomentaron el sector de la construcción. La oferta crecía; la demanda, también, y se producía un efecto de bola de nieve que parecía no tener fin. Los bancos prestaban dinero a los promotores con la única garantía del suelo comprado y con el dinero que iban consiguiendo de los compradores hacían frente a los plazos. Los particulares, nacionales o europeos ahorradores, compraban pisos no para vivir sino para tener una inversión en el futuro y adquirir una vivienda se convirtió en el negocio de moda; la economía española iba viento en popa y el paro disminuía sin cesar.

Ya en el año 2004 se comenzó a hablar de burbuja inmobiliaria por aquellos detractores de José María Aznar (El País)  y fue utilizado por los candidatos socialistas para criticar el modelo de crecimiento económico del gobierno del Partido Popular y hacer mella en su campaña electoral.

En esto llegaron las elecciones de 2004  (aquellos sucesos de Atocha, cuya autoría intelectual el juez dijo desconocer y cuyo objetivo era acabar con el gobierno de José María Aznar) y  ascendió al trono el talante de Zapatero. Redujo a cenizas todas las leyes aprobadas en el gobierno anterior  y puso en marcha otras que pretendían construir un nuevo modelo de estado laico y radical. Sin embargo, la economía no la tocó y  siguió bajando el paro y alardeó de conseguir el pleno empleo, jactándose ante los organismos internaciones de que estábamos en el buen camino, llegando a decir, en un símil desafortunado, que ya competíamos en la champions league de la economía mundial: que habíamos adelantado a Italia y que pronto haríamos lo mismo con Francia, sin el  menor rubor.

La construcción seguía creciendo, los tipos de interés estaban bajo mínimos, el techo parecía no tener límite e incluso se trajeron nuestro país dos millones de trabajadores extranjeros para disponer de mano de obra para la construcción y convertirles en futuros compradores de viviendas. La banca, animada por la situación y sin que el Gobierno introdujera ni un solo mecanismo regulador, comenzó a prestar a esos “ninjas” que también España tenía: trabajadores extranjeros y españoles con el único bien de la vivienda recién adquirida (si ésta valía veinte, les prestaban treinta con la seguridad de que aunque perdieran su vivienda,  podrían sacar los bancos de ella lo entregado porque los pisos seguirían subiendo sin límite).

Y así era; las viviendas siguieron encareciéndose a un ritmo galopante durante el primer gobierno de Zapatero pero el mercado daba síntomas de colapso. Se habían construido más viviendas de las necesarias y los precios las hacían inasequibles para el trabajador corriente. Ya en el año 2006 había indicios de que la situación iba a estallar. Recuerdo como, cuando me compré mi piso en Málaga, mi cuñado, hábil empresario, me aconsejó no hacerlo.

Llegaron las elecciones del año 2008 y eso fue lo que le dijo Pizarro a Solbes en el debate económico pero los españolitos, en el país de Jauja, no le creyeron porque eran las elecciones y el  pletórico partido en el gobierno seguía apostando por el pleno empleo ¡Por el pleno empleo¡ Todo iba en marcha. Los españoles seguíamos comprando viviendas a precios cada vez más caros y el Estado ingresaba más y más: una fuente fabulosa de ingresos para gastar  y gastar de manera absurda e inconsecuente en lo que se llamó la política social, dentro y de fuera del País, con la complicidad de los sindicatos, principales beneficiarios de la actuación del Gobierno.

Pero la situación no daba para más. El stock de viviendas no paraba de aumentar: un millón dijeron que se llegaron a acumular. Era grande el plantel de beneficiarios: el Estado con el IVA y la posterior carga impositiva sobre la segunda vivienda; también la banca y los empresarios de la construcción e industrias subsidiarias, que se enriquecían sin parar, dando lugar a una nueva clase de nuevos ricos. Gente poco formada y hábil en el regate en corto pero con pocas luces para entender negocios más complejos y de más proyección y transcendencia. La sensación de éxito era tal entre los empresarios y autónomos que cualquier parecía poder sacar dinero de debajo de las piedras. 

A la crisis “ninja” española se sumó su homóloga de los Estados Unidos y una y otra arrastraron a la frágil y  fantasmal economía española, no a la alemana o a la francesa, que solo sintieron ligeras cosquillas. El dinero se había concentrado en la banca estadounidense  y  la crisis financiera americana disminuyó la circulación de capital a nivel internacional. Muchos bancos europeos tenían activos tóxicos de la banca americana y el interbancario, el Euribor, comenzó a aumentar por la desconfianza entre los bancos de los países europeos.

 Con la subida del Euribor, aumentaron los tipos de interés. Los precios de la vivienda estaban  en la estratosfera, muy por encima de su valor real, y la banca, sin dinero, comenzó a dejar de prestar, mientras inversores y ahorradores dejaban de comprar. El stock de viviendas acumuladas pilló desprevenidos a los bancos ya que muchos empresarios tenían créditos con la única garantía del terreno o del edificio que iban construyendo y pagaban según vendían. Los bancos, ante las suspensiones de pagos y las quiebras de las constructoras, se hacían cargo de los terrenos o bloques a medio construir y se quedaban sin liquidez. Las empresas de la construcción cerraron (sus propietarios pusieron a buen recaudo su dinero porque no sé por qué razón el Estado permite que la empresa sea diferente del capital particular de su propietario) y dejaron de pagar a las pequeñas empresas que trabajaban para ellos, que  ante la asfixia financiera también tuvieron que cerrar (chapistas, soladores, ferrallistas, yesistas, fabricantes de ladrillo, empresas de pintura, electrodomésticos, carpintería, fontanería, etc.).

El despido de trabajadores se hizo permanente en el sector de la construcción. En paro, dejaron de pagar sus préstamos hipotecarios y el banco tuvo que hacerse cargo de las viviendas con lo que aumentó el stock en sus manos y disminuyo el dinero para prestar. La banca ya no podía financiar a los empresarios en sus negocios ni  hacer frente a sus deudas y  parecía que iban a quebrar.

El Estado siguió sin querer ver la situación, se negaba a acometer reformas y, lo que es peor, seguía gastando y gastando sin tino; una máquina de gastar porque el dinero había entrado por miles de millones y parecía no tener fin. Pero, poco a poco, dejo de recaudar. Las empresas expulsaban trabajadores y el Estado tenía que hacer frente a los parados, emigrantes, muchos de ellos, sin cualificar. El gobierno intentó entonces de manera equivocada actuar de punta de lanza de la economía, según criterios keynesianos: dio dinero a los bancos y financió las obras absurdas e innecesarias de los ayuntamientos con el plan E, cuyos carteles inundaron la geografía española para recordarnos que Zapatero iba a ser el salvador de la economía nacional. Desde la oficialidad se hacía creer que la economía española podía salvarse de esa manera: fomentando planes de construcción temporales que habrían de sostener a las constructoras para que luego, esas mismas se quedaran sin trabajo y despidieran a los contratados concluido el plan. Desde el Gobierno se insistía en su bondad.

Para todo ello, el Estado necesitaba de mucho dinero y debía de endeudarse más ahora que recaudaba menos.  Así aumentó en dos puntos el I.V.A con lo que limitaba los ingresos de las familias y sus posibilidad de gastar. El consumo disminuyó y el paro, pese al optimismo fingido del Gobierno y a sus brotes verdes, no dejó de aumentar. El peligro mayor llegaba de los prestamistas mundiales, que veían como el riesgo de impago de la deuda española era cada vez mayor, y la falta de credibilidad hacía que fuera cada vez más difícil conseguir préstamos en el exterior (y a un mayor interés) mientras que el Gobierno hablaba de los ataques especulativos a la Deuda Española (en enero de 2011, coincidiendo con el posible rescate de Portugal, El tipo de interés del bono español a 10 años llegó a marcar un 5,52%). El Estado estuvo durante el 2010 y principios del 2011 al borde de la bancarrota total. La temida estanflacción se había convertido una realidad: fuertes subidas de precios de los carburantes (1,38 € ha llegado a alcanzar el litro de gasolina de 95 octanos y 1,30€ el gasóleo de tipo A), de la luz y del gas y de muchos alimentos, congelación salarial y nula demanda y estancamiento del consumo en medio de una política energética delirante y surrealista que había llevado a subvencionar a altísimo costes, como si de un país potentado se tratase, las energías renovables para encarecer enormemente la factura eléctrica. Mientras tanto, todos los sectores productivos dejaban de funcionar entre ellos el sector del automóvil, que había sufrido el espejismo de las ayudas del Gobierno durante unos cuantos meses y había contenido momentáneamente su caída) o el turismo atrapado en la falta de liquidez del mercado nacional (el plan 2000E de mayo de 2009 que entró en vigor en junio y se prolongo hasta el año 2010 estableció un plan de ayudas directas de 2000 euros por la compra de vehículos nuevos. El Gobierno ofrecía 500€ por vehículo, las comunidades autónomas otros 500€ y los 1000€ restantes lo hacían los propios fabricantes).

Al exceso de gasto contribuían las comunidades autónomas; especialmente, las presididas por gobiernos socialistas, embarcadas en los proyectos más peregrinos y extasiados por el gratis total, que tan buenos réditos electorales parecía dar, con actuaciones como las embajadas de Cataluña por el mundo, los libros gratis en la enseñanza de Castilla la Mancha o el aumento creciente del número de empleados públicos, que nos colocaba en mayo de 2011 en la fabulosa cifra de 3,1 millones de funcionarios de un total 23 millones de españoles en edad de trabajar (en Extremadura tienen el 23.3% de funcionarios sobre el total de su población ocupada). La deuda  que generaban era fabulosa y el derroche seguía sin tener límites mientras se obligaba al Estado a permitirles endeudarse más, a raíz de que los nacionalistas de Cataluña condicionaran su apoyo al Gobierno a esta aceptación y cuando la ministro Salgado había dicho previamente que las comunidades autónomas y ayuntamientos no podrían endeudarse más.

Entretanto el Gobierno, seguía sosteniendo que no tocaría el quimérico Estado del bienestar. Pero poco a poco fue cediendo: acabó con las prestaciones a los parados de larga duración y el famoso cheque bebe, quintaesencia del Estado del bienestar. Quedaban, no obstante, muchos y muy peregrinos gastos sin tocar: subvenciones a los sindicatos (el 19 de octubre de 2009 leía en la prensa nacional que los sindicatos UGT y CCOO habían recibido más de 295 millones de euros en 18 meses), la memoria histórica o aquel absurdo proyecto de la Alianza de las Civilizaciones que sólo el gobierno de Zapatero se creyó. El exceso de gasto obligo a nuevas formas de recaudación: en los carburantes o en las rentas del trabajo o con la subida del IVA del 16 al 18% y del 7 al 8% que, junto con la subida de precios, limitaron aun más el consumo interno y la economía sumergida porque nadie se sintió responsable del desastre de la economía nacional.

Finalmente, en el año 2010, Alemania, Francia y Estados Unidos, que veían peligrar la estabilidad de toda la zona Euro por el  riesgo real de quiebra de nuestro país, obligaron al gobierno de España a poner en marcha un paquete de medidas económicas como la reforma del mercado laboral, la congelación y reforma de las pensiones (alargar la edad de jubilación y el periodo de cotización) y la bajada del salario de los funcionarios en un promedio de un 5% anual. Estas medidas permitieron salvar, a medias, la situación financiera pues el Gobierno pudo reducir algo el déficit por un menor gasto y una mayor recaudación, aunque no la crisis económica porque el paro no ha cesado de aumentar. Estas medidas las aplicó el Gobierno a regañadientes y de manera incompleta porque desmontaba todo su programa electoral (durante meses y años habían gritado por todos los foros que ni un solo derecho de los trabajadores sería tocado)

Con estas medidas, los funcionarios, que durante toda la época de bonanza habían sido los convidados de piedra porque su salario había subido el equivalente al I.P.C. (y alguna migaja más) se convertían en los paganos de la crisis y veían como se reducían sus salarios  mientras los gastos superfluos de las administraciones públicas no cesaban de crecer, por ejemplo, en coches oficiales o viajes de altos cargos y políticos en vuelos por la geografía nacional ( vimos al Director General de la Policía como se desplazaba hasta Córdoba en avión o como los altos cargos del Gobierno seguían haciendo uso del avión oficial para los actos de su partido político o otros temas de gran trivialidad). O se tomaban medidas que limitaban la libertades públicas como la bajada del límite de velocidad por autovías para contener la factura del petróleo cuando el Gobierno después se embarcaba en aventuras militares en Libia para apoyar a la Repsol (y hacer la clá a las potencias europeas) y gastar tanto carburante que hacía parecer de risa lo ahorrado por los vehículos españoles.

Y así estamos; en una crisis que no cesa porque un gobierno finiquitado, que ha llevado a la ruina más absoluta a España, se niega a convocar elecciones para que otros puedan aplicar políticas económicas que generen ilusión. Mes a mes siempre hay un espejismo para lanzar las campanas al vuelo y no admitir el fracaso total, asegurando que la crisis está en vías de solución. Después de los datos demoledores de la E.P.A de mayo de 2011 que colocan el desempleo  en casi cinco millones de parados, llegaba una encuesta con maquillaje del INEM en la que disminuía el paro en 64.309 personas, consecuencia evidente del empleo estacional creado por las buenas perspectivas de  una Semana Santa que se preveía calurosa y ha sido un fiasco total. Mientras tanto, según El País,  las ventas de coches acumulaban diez meses de fuertes pérdidas (las matriculaciones de coches bajaban un 25% en el primer trimestre del 2011) y la subida de tipos de interés unido al fin de las deducciones por la compra de la vivienda reducía también los precios y la venta de viviendas en todo el territorio nacional.

Pienso, para acabar, que España necesita políticas muy distintas a las aplicadas hasta ahora:  una política energética realista que proporcione energía barata y un cambio de mentalidad que lleve a los españoles a perder ese gusto por la subvención y el gratis total;  una política que  racionalice el funcionamiento de las comunidades autónomas y diputaciones que se comportan como reinos de taifas fuera de control; un Estado realista que se preocupe por que las cosas funcionen en un equilibrio permanente entre calidad y precio, y entre mercado y estado social,  pero que deje al mercado funcionar; un Estado que se deje de prejuicios ideológicos trasnochados porque la riqueza no se crea convirtiendo a los españoles en funcionarios o subvencionando sindicatos  sino que es el Estado, como agente moderador y a través de sus infraestructuras y de su apoyo a la investigación,  las empresas y los autónomos quienes crean riqueza de verdad;  una política que sea capaz de generar ilusión y confianza de aquellos que tienen el dinero pero que se niegan a sacarlo por desconfianza ante una política  económica global equivocada.

Dicen que en España la economía sumergida y el dinero negro fluyen y eso evita el colapso total, pero es normal: no hay confianza en un Gobierno que ha hecho del despilfarro su seña de identidad. El que puede se escapa y busca vías alternativas de trabajo e inversión porque a nadie le gusta ver como otros se enriquecen con su dinero o lo derrochan en aras de una pretendida mayoría electoral. Que trabajen ellos, que ganen dinero ellos, imagino que dirán.